La AFIP elevó 110 denuncias penales por más de 210 millones de pesos. Además, reclama unos 370 millones en impuestos. Tres están en San Luis.
Montaban enormes fábricas o galpones en las empresas promovidas pero, en la práctica, producían en las que no tenían el beneficio, generalmente, en Capital Federal. Gozaban así de fuertes rebajas impositivas, aumentando la rentabilidad hasta 50 por ciento. La sospecha sobre las empresas fantasmas existe desde hace años, incluso, la administración jaquista lo usó como uno de los argumentos para rechazar el nuevo decreto de promoción industrial por el que el gobernador se enfrentó al kirchnerismo, llevando el tema a la Justicia. Ahora, y por primera vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) muestra un enorme fraude tras la detección de empresas que evadieron 475 millones de pesos y estaban asentadas en San Luis, aunque también en Catamarca, La Rioja y San Juan, precisamente, las provincias en pugna con Mendoza.
Con esto, el espíritu por el cual se creó la discutida promoción industrial, que fue fomentar el empleo y el desarrollo económico de ciertas zonas, se vio mutado.
“Las empresas no se darán de baja, porque esta medida no está prevista entre las sanciones del organismo recaudador, pero, eso sí, sus titulares deberán responder ante la Justicia Penal y la Civil”, según explicó a El Sol Pablo Paturlanne, director regional de la AFIP Mendoza. Las empresas donde se detectó la irregularidad son 114, tres de ellas puntanas. Este diario intentó conocer la opinión de la ministra de Transporte, Industria y Comercio de San Luis, María José Scivetti, pero desde la oficina de prensa aseguraron desconocer la información que comunicó la AFIP a primera hora, por lo que no dieron paso a la entrevista con la funcionaria.
Paturlanne confirmó que la AFIP canceló los 475 millones de pesos (en pago de impuestos a través de bonos fiscales) a las 114 empresas que fijaron sus domicilios fiscales en provincias que cuentan con regímenes de promoción industrial, y si bien la AFIP habla de las tres puntanas, no discrimina cuántas pertenecen a Catamarca, La Rioja y San Juan, las otras provincias en pugna con Mendoza. El caso de las empresas fantasmas era vox populi. Se podía confirmar con presentarse en las firmas. Sin embargo, hasta ahora no se conocía en voz de un organismo oficial, en el momento justo en que la presidenta está decidida a extender este beneficio a tres provincias más.
LA OPERATORIA.
Como las empresas estaban asentadas en lo legal en territorios promocionados, pagaban sus impuestos con un bono fiscal. Es ahí donde producían las grandes diferencias, porque cancelaban tributos al 50 por ciento, de otro tanto estaban exentas, así como también de cargas sociales por los trabajadores. Aprovechaban de esta manera los beneficios impositivos no desarrollando su actividad económica en esos territorios. Y la AFIP les reclama 368.169.021 pesos por ajustes impositivos –IVA, Ganancias y multas– y unos 212.605.849 pesos a través de las 110 denuncias penales elevadas a la Justicia. A partir de la pesquisa, la Justicia federal autorizó a la AFIP a allanar 10 domicilios de firmas que utilizaron indebidamente los beneficios fiscales. Los allanamientos se realizaron en Villa Mercedes y Merlo (San Luis), Córdoba, Rosario, General Pacheco (Buenos Aires) y en Capital Federal.
De los diez procedimientos que se ejecutaron, tres involucran a empresas del rubro “chaperas”, en Mendoza denominadas metalúrgicas, que tienen declarado su domicilio en la provincia de San Luis, aunque allí sólo cuentan con galpones abandonados, máquinas en desuso e, incluso, en algún caso cedieron las instalaciones a terceros. Sin embargo, su verdadera actividad industrial la realizaban fuera de la provincia. Esta maniobra genera una competencia desleal con firmas no beneficiadas por los regímenes de promoción. En estos tres casos, la AFIP determinó que evadieron unos 97 millones de pesos. Paturlanne aseguró que los operativos son de vieja data y que el Gobierno puntano colabora con los datos que se piden, pero cuesta creer la inexistencia o cierto grado de complicidad de las administraciones en este tipo de delitos que ahora deberá investigar la Justicia.
Fuente: www.elsolonline.com
