El diputado de la oposición Eduardo Gargiulo en diálogo con La Locomotora manifestó su preocupación por el conflicto docente e informó que en la jornada de hoy se le hja remitido una carta firmada además por el resto del bloque oposición de la Cámara Baja.
"No queremos que se altere la paz social", afirmó el legislador, y dijo también que el "Gobernador es el unico resposable de este conflicto".
Gargiulo manifestó que la actitud que ha tenido la máxima autoridad provincial ha sido "soberbia y patoteril" y que con las medidas que esta implementando para el sector docente "está generando violencia".
El documento presentado hoy lleva la firma de los diputados Jorge Lucero, Carlos Berro, Ana María Nicoletti, Héctor Casal, Estrada Dubor, Mónica Ruti, Carlos Ponce, Fidel Haddad, José Luis Rodríguez y Eduardo Gargiulo.
La carta expresa textualmente:
"Nos dirigimos a Ud. a los fines de expresar nuestra marcada preocupación, en virtud de que transcurrido más de un mes del conflicto docente que ha postergado el inicio del ciclo lectivo 2010, observamos una ausencia total de vocación institucional de su parte para tender puentes de diálogo y negociación en pos de alcanzar un acuerdo que permita destrabar esta gravísima situación.
En este contexto, desde las esferas públicas se ha iniciado una estrategia de intimidaciones, amenazas y sanciones hacia los docentes que llevan adelante su justo reclamo, como han sido el descuento ilegal de los días de paro, las comunicaciones de cesantías en el IFDC de San Luis y las presiones hacia el personal que se desempeña en las escuelas privadas de gestión estatal y las escuelas autogestionadas.
También debe mencionarse la decisión oficial de declarar ilegal la medida de fuerza, norma que no tiene sustento jurídico pero conlleva la intención de deslegitimar el paro y amenazar a las organizaciones sindicales con hacerles perder su personería gremial.
En las últimas horas, se suma el dictado de la Resolución Nº 37-ME-2010, a través de la cual se instruye sumario administrativo a los docentes: Alberto Adelmo Soria, Aurora Jacinta Garro y Miguel Angel Gómez, quienes habían resuelto encadenarse en la entrada de Casa de Gobierno, como metodología extrema para hacer escuchar sus reclamos.
En la misma disposición, además, se los suspende por el término de 90 días, todo lo cual representa una medida autoritaria y arbitraria, para amedrentarlos y reprimir la justa lucha del sector docente por sus reivindicaciones. En esta escalada de aprietes se inscribe la decisión de abonar los sueldos docentes el día 5 del próximo mes, con el declamado objetivo de efectuar el descuento completo de los días de paro en los haberes de los educadores, lo cual constituye una discriminación.
Esta postura oficial lo único que provoca es más indignación y aleja toda posibilidad de acercamiento entre las partes, alimentando un conflicto que perjudica fundamentalmente a los alumnos.
Frente a todo esto, es menester recordarle que es el Estado quien está obligado a garantizar el derecho a la educación, que se encuentra vulnerado por su actitud soberbia e irresponsable, como máxima autoridad gubernamental.
Por todo ello, lo instamos a que promueva una mesa de diálogo sincera y responsable con el sector docente, a los fines de alcanzar la superación del conflicto y garantizar a la población el derecho a la educación. Entendemos que no es con un ofrecimiento de paritarias condicionado al sector docente, en medio de esta estrategia totalitaria e intimidante que se lleva adelante, como se crearán las condiciones necesarias para restablecer la confianza y retomar los canales racionales de entendimiento.
En este sentido, le reclamamos el inmediato cese de las intimidaciones, amenazas, cesantías y suspensiones, para facilitar un acercamiento entre las partes que conduzca a la superación del conflicto y el normal restablecimiento del ciclo lectivo.
Persistir con actitudes persecutorias y de amedrentamiento, a manera de pulseada, deslegitiman su autoridad y refuerzan el concepto expresado por el ministro de Seguridad, en el sentido de que su comportamiento se aleja del rol institucional que le asigna nuestra Constitución Provincial, para asimilarlo al del “patrón de estancia” que hace lo que le marca su antojo.
No se trata aquí de imponer la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón. Hacemos votos para que asuma con actitud sabia y serena la aguda crisis que atravesamos y para que prevalezca el sentido común por sobre la locura, en la determinación de sus actos.
Nos ponemos a su disposición para que en la Cámara de Diputados, en el marco del proyecto de aumento que nos girara y que se encuentra a estudio de las comisiones, podamos analizar los mecanismos conducentes para superar esta controversia que ha paralizado la educación en nuestra provincia. Pero esto no será posible si no median gestos concretos de su parte, dejando a un lado los descuentos aplicados y las sanciones y suspensiones en curso.
Sin otro particular, expresamos nuestro saludo y deseo de que podamos privilegiar el diálogo, antes que puedan acontecer hechos violentos que pongan en riesgo la paz social".
